Considerando que el Carnet de vacunación del SARS coV2 (Covid 19), se está convirtiendo en un requisito migratorio adicional, se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores con copia al Ministerio de Salud, indicara, quién o quiénes son los funcionarios del Ministerio de Salud o la Secretaria de Salud, que tienen registrada la firma en la base de datos de Cancillería que certifican la validez del carnet de vacunación contra el SARS coV2 (Covid 19), para poder ser apostillado por los connacionales que viajen a otros países y evitar inconvenientes o estigmatizaciones a las que los colombianos, aún, nos vemos enfrentados en los aeropuertos del mundo.

La respuesta otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue la siguiente:

“[…]Reciba un cordial saludo del Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante este Ministerio en la que solicita información sobre los funcionarios del Ministerio de Salud o la Secretaria de Salud, que tienen registrada la firma en la base de datos del Ministerio de Relaciones para poder certificar la validez del carnet de vacunación contra el COVID-19

Sobre el particular nos permitimos indicar que el requisito previo para apostillar o legalizar un carné de vacunación es:

Certificación expedida por Ministerio de Salud o Secretaría de Salud respectiva, en la que se encuentre registrado el profesional que emite el documento.

Es decir que la certificación lo que indicará es que la enfermera o personal que aplico la vacuna se encuentra registrado en la base de datos del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud respectiva, la firma que validará la cancillería será la del funcionario del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud respectiva y es está la que se debe encontrar en nuestras bases de datos, sin embargo, la información sobre el personal registrado ante la Cancillería la indicará cada entidad, es decir cuando usted solicite la certificación se deberá indicar que es para apostillar el documento, con el fin de que la persona que lo firme sea la que el Ministerio de Salud o Secretaría de Salud respectiva tienen registrada.

 Una vez su documento cumpla con alguno de estos requisitos según sea el caso, podrá realizar el trámite en línea desde su casa u oficina, ingresando en el siguiente enlace eligiendo la opción documentos digitalizados y luego otros documentos y cargando el PDF de los documentos por separado: http://bit.ly/29JXj2c ´´{…]”

Resulta insulsa la respuesta para un ciudadano del común y, se esperaría una coordinación institucional más estrecha entre los Ministerios mencionados, para que el connacional interesado en apostillar el Carnet de vacunación del SARS coV2 (Covid 19), lo pudiera hacer de una manera expedita, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Antitrámites 962 de 2005 a saber: “Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario.

 Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración.

 El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite.

 Cuando una entidad pública requiera información de otra entidad de la Administración Pública, esta dará prioridad a la atención de dichas peticiones, debiendo resolverlas en un término no mayor de diez (10) días, para lo cual deben establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir información de uso frecuente por otras autoridades». en concordancia con el Decreto 1050 de 1995, el Decreto 019 de 2012 y el Decreto 2106 de 2019.”

Además, en el caso de las vacunas de dos dosis -la mayoría-, el documento, es firmado por dos auxiliares de la salud diferentes, de tal suerte, que el interesado tendría que solicitar dos certificaciones ante el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud correspondiente, pero,  previa consulta en la plataforma del Registro Único del Talento Humano en Salud -RETHUS– (que obvia el Ministerio mencionar), en la que debe buscar al personal de la salud que firmó el Carnet, y, esperando tener la fortuna de haber descifrado su nombre y número de identificación, para efectuar la consulta en dicha plataforma.

Así las cosas, el trámite para apostillar el carnet de vacunación del SARS coV2 (Covid 19), es engorroso por no mencionar titánico. Tal como le ocurriera a una persona que nos consultara sobre el tema, para evitar inconvenientes en su desplazamiento a otro País.

Esperamos que los Ministerios involucrados coordinen un procedimiento afín a las circunstancias del momento; en el que la tecnología está a la orden del día.

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Finalmente, se expidió la nueva Resolución de Visas número 5477 del 22 de julio de 2022, que dejará sin efecto la Resolución 6045 de 2017 y, que comenzará a regir noventa (90) días calendario después de su publicación en el Diario Oficial, esto es, el 22 de octubre de 2022, si se tiene en cuenta que fue publicada en el Diario Oficial No.52103 con fecha 22 de julio de 2022.

La nueva norma recoge contenido de normas anteriores como el Decreto 4000 de 2004, pero también crea nuevas categorías de visas como la Visa de Nómada Digital e incluye otras categorías expedidas en otros textos como la Visa de Residente de Paz y la Visa de Migrante Andino, por mencionar algunas.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos que denota esta nueva regulación es la coordinación institucional que debe existir entre Cancillería y Migración Colombia, que conlleve a una coherencia frente a los usuarios finales del trámite, es decir, los extranjeros, dada la disparidad de criterios con los que se encuentran – muchas veces- al formular una solicitud de visa.

En Colombia, como lo señala la Constitución Política, sufragar es un deber más no una obligación a diferencia de algunos otros países en el que votar es obligatorio. En tal sentido, la legislación colombiana ha establecido algunos beneficios para estimular al ciudadano colombiano a votar en los días y horarios programados de los comicios y, mediante Decreto 2559 de 1997 creó el certificado electoral como plena prueba del cumplimiento que el ciudadano ejerció su derecho al voto. Este documento debe ser entregado por el jurado de votación y es necesario que el ciudadano lo conserve, para presentarlo, si desea obtener alguno de los beneficios consignados en la Ley 403 de 1997 y la Ley 815 de 2003, a saber:

.- Descuento del 10% en el costo de la expedición del pasaporte durante los próximos cuatro (4) años, por una sola vez. El porcentaje se descontará del valor del pasaporte que se destina a la Nación.

.-Descuento del 10%  en el costo de la matrícula en Institución oficial de Educación Superior, si se acredita con anterioridad al respectivo período académico.

.-Descuento del 10% en el costo inicial de la expedición de la libreta militar o del duplicado.

.- Descuento del 10% en el costo del segundo duplicado en adelante de la cédula de ciudadanía.

.-Rebaja de un (1) mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y, dos (2) meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

.-Beneficios en adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en condiciones de igualdad en concurso abierto, frente a quien no ejerció el derecho al voto.

.-Beneficio en lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado, frente a quien no ejerció el derecho al voto.

.- Medio día (1/2) de descanso laboral remunerado por ejercer su derecho al voto, dentro del mes siguiente a la votación de común acuerdo con el empleador, trátese de instituciones públicas o privadas.

.- Un día (1) de descanso laboral remunerado por ser jurado de votación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la votación de común acuerdo con el empleador, trátese de instituciones públicas o privadas.

Cabe mencionar, que para las entidades de educación superior NO oficiales, la Ley le propone a las Universidades como contribución a la formación de buenos ciudadanos, ofrecer un descuento en el valor de la matrícula a los estudiantes de pregrado y postgrado que acrediten haber votado en las últimas elecciones, dicho valor no podrá ser trasladado al estudiante en costos adicionales de reajustes periódicos legalmente autorizados.

Concluyendo e independientemente de los estímulos que ofrezca la Ley, es importante como ciudadanos cumplir con el deber de ejercer el derecho al voto, para mantener en equilibrio la institucionalidad conforme lo suscribe la Constitución.

Es un texto relacionado con los asuntos jurídico-migratorios y consulares de Colombia, enfocado a dar respuestas claras y precisas, que puedan ayudar a orientar en sus inquietudes, tanto a nacionales como a extranjeros, debido a que la interlocución con las Entidades del Estado, en ocasiones, puede ser engorrosa al común de los ciudadanos. Se encuentra en Amazon en el siguiente link:

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En estos tiempos de tanta simplificación, mucho se confunde el significado de algunas siglas, como sucede con el PEP y el PEPFF, por lo que se hace necesario indicar su significado y características.

El PEP es el permiso especial de permanencia  creado mediante Resolución 5797 de 2017 expedida por Migración Colombia con el objeto de identificar a los migrantes venezolanos en Colombia, para acceder a la oferta institucional en salud, educación, trabajo y apertura de cuentas bancarias, dado que el Gobierno Venezolano no tramita la documentación básica y esencial de identificación de sus ciudadanos.

Por su parte el PEPFF es el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización creado mediante Decreto 117 de 2020 expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para los ciudadanos venezolanos en condición irregular que tengan una oferta laboral o contrato.

Sería oportuno, en esta era virtual, que existiera una coordinación más estrecha entre las diferentes Instituciones del Estado, partiendo de la creación de una única plataforma digital que contenga y comparta toda la información de la Población Migrante Venezolana, información que en la actualidad está disgregada entre las diferentes Entidades de acuerdo con sus competencias, circunstancia que hace complejo efectuar la caracterización de esta población y sus diferentes necesidades

De igual forma, sería conveniente, después de más de cinco años de estar viviendo el éxodo migratorio, se tomará la determinación de identificar a la población migrante venezolana con un solo documento unificando (PEP y PEPFF) con las medidas de seguridad de huellas decadactilares, hologramas y/o chip con el que se determine la situación migratoria en la que se encuentre el ciudadano venezolano y, que de plena prueba de su identidad para acceder a la oferta pública dispuesta por el Gobierno Colombiano.

Muchos connacionales se preguntan si se pueden casar en los consulados de Colombia en el exterior y cuáles serían los requisitos para llevar a cabo dicha celebración.  Sea lo primero, mencionar que el matrimonio es un contrato solemne que se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes como lo indica el Código Civil.

Segundo, que la legislación colombiana establece dos tipos de matrimonio:

.- El matrimonio católico -religioso- (celebrado por un Sacerdote o Pastor o denominación de la religión de los contrayentes).

.- El matrimonio civil (celebrado por juez o notario).

Tercero, para que un matrimonio tenga efectos jurídicos en la legislación colombiana, debe realizarse su registro o inscripción en la oficina correspondiente del lugar de su celebración (artículo 67 del Decreto 1260 de 1970). Por lo tanto, si ese matrimonio se celebro por el rito católico, el documento necesario para realizar la inscripción sería el acta parroquial o acta de la iglesia en donde consta el matrimonio y con ella expedir el Registro Civil de Matrimonio, que es el documento idóneo para demostrarlo.

Si el matrimonio fue por lo civil, esto es, por juez o notario, el documento para la realizar la inscripción del matrimonio es la sentencia que se protocoliza y/o la escritura pública en la que consta el matrimonio y, con ello expedir el Registro Civil de Matrimonio correspondiente para así poderlo demostrar.

De igual manera, los matrimonios que se celebran por fuera de la legislación colombiana entre dos colombianos o un colombiano y un extranjero y, que los connacionales quieren que surtan efectos jurídicos en el territorio colombiano, deben constar en un acta o documento idóneo del país de la celebración, para que el cónsul pueda expedir el Registro Civil de Matrimonio de que trata el Decreto 1260 de 1970. En este caso, el connacional exhibirá el documento idóneo de la celebración del matrimonio al tenor de la legislación diferente a la colombiana, el que debe estar apostillado o legalizado, -según el caso – y, traducida al castellano, si hay ello hay lugar.

Si bien es cierto, los cónsules tienen algunas funciones notariales de acuerdo con el artículo 5 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, en el caso del matrimonio, la única función que tienen es la de asentar el registro.

¿Por qué? Debido a que la normatividad es expresa en establecer quienes son los funcionarios competentes para celebrar el matrimonio en Colombia. Inicialmente era el Juez de la municipalidad del domicilio de la mujer, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 126 del Código Civil: “El matrimonio se celebrará ante el juez del distrito de la vecindad de la mujer, con la presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente juramentados”. Con posterioridad se señaló a los notarios para hacer está función mediante el Decreto 2668 de 1988.

En consecuencia, al tenor de las normas vigentes, los cónsules de Colombia en el exterior no pueden celebrar matrimonios, su función es únicamente de registrar o asentar el registro del “acta de matrimonio extranjero” que le presenta el connacional con el fin de que su matrimonio realizado fuera de la legislación colombiana surta efectos jurídicos en Colombia. Recordando, de esta manera, la existencia de la Ley del Foro, que es aquella que se aplica en el Derecho Internacional Privado cuando exista una controversia jurídica que contenga un elemento extranjero.

El mundo entero ha tenido que replegarse como consecuencia del Covid-19, por el que fue necesario efectuar un aislamiento forzado de un virus que algunos atribuyen a una sopa de murciélago, otros a un laboratorio, – circunstancia que nunca conoceremos -, el tema es que los países se vieron avocados a cerrar sus fronteras con la intención de detener a un enemigo invisible en cualquier confín.

En el caso colombiano, si bien, se han tomado decisiones rápidas y acertadas, inquieta lo relacionado con la población migrante venezolana, quienes han efectuado plantones y reclamos en un escenario en el que ningún país del mundo estaba preparado, menos aún, al dilema de elegir entre salvar vidas o salvar la economía.

Colombia ha sido generosa con la población migrante venezolana, – a diferencia de los países de la región-, como dan cuenta las varias medidas administrativas y normativas tomadas por el Gobierno, acompañadas de una jurisprudencia “comparable” a la de un país del primer mundo.

Bajo el amparo de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, le brindo protección, iniciando con alimentos y medicamentos.

Asimismo, dispuso una oferta institucional en materias:  Migratoria, salud, educación, trabajo, vivienda y nacionalidad, entre otras, con una creatividad e iniciativa sin precedente alguno,  incluso por encima de sus propios connacionales.

No obstante, la población migrante venezolana que parece nunca estar satisfecha con los beneficios otorgados en su favor ha empezado a retornar a su país de origen, – van 4000 aproximadamente -, poniendo en riesgo la seguridad nacional al transitar por el territorio sin los elementos sanitarios necesarios para la prevención del contagio como lo han señalado algunos alcaldes y gobernadores de frontera.

Llama, entonces, la atención que Colombia luego de haber destinado una cantidad considerable de recursos públicos, basados en una ayuda y protección humanitaria influida por los organismos internacionales, insista en un desgaste administrativo y presupuestal de una responsabilidad que no es suya.